Resumen:
La realidad de género en nuestro país es bastante compleja. Los indicadores socio-económicos corroboran las brechas existentes entre hombres y mujeres. Estas desigualdades de género se expresan en el limitado acceso de la mayoría de mujeres ecuatorianas y minorías sexuales al ejercicio de sus derechos básicos, y en la oferta restringida de condiciones que permitan y faciliten dicho ejercicio.
Asimismo, un indicador crítico respecto a género es la violencia. 46% de mujeres en el país han sufrido violencia física, psicológica o sexual en algún momento de su vida. La violencia de género es a la vez un medio de la perpetuación de la discriminación de las mujeres y una consecuencia de su subordinación, la misma que se encuentra naturalizada o normalizada en el imaginario de nuestra sociedad. Frente a esta realidad, en la Constitución de 2008 se dieron avances respecto a las políticas de género, ya que en ella se consagraron como principios fundamentales la igualdad ante la ley tanto formal como material, la no discriminación por sexo, género, orientación sexual, o portar VIH; entre otros. Asimismo, el Estado ecuatoriano asume por primera vez la responsabilidad por los derechos de las mujeres reconocidos a nivel nacional e internacional; como por ejemplo, el derecho a protección y a vivir libres de violencia, garantizando así el acceso a una justicia sensible a sus necesidades junto con medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer.