Derecho a la soberanía alimentaria efectivizado mediante la política pública del crédito “5-5-5” del Banco Nacional de Fomento y la posible regresividad de derechos producida como consecuencia de su extinción

Abstract

La presente tesis es un estudio sobre el ejercicio del derecho a la soberanía alimentaria en el Ecuador, ha sido realizada por el interés que me genera el tema debido a que permite analizar de forma integral la dinámica en torno al derecho humano a la alimentación, la justicia social, la sostenibilidad y sustentabilidad de la agricultura, las relaciones de comercio internacional y la importancia de la agricultura familiar para la economía de nuestro país. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos de determinar las políticas y lineamientos a seguir en cuanto a la producción y consumo de alimentos sanos y culturalmente apropiados, bajo los principios de sostenibilidad y sustentabilidad fomentando la actividad económica de los pequeños y medianos productores nacionales y su participación tanto en la creación de políticas públicas como en la transformación, consumo y comercialización de su producción, además de ser considerada como la precondición de la Seguridad Alimentaria (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO). Se trata del derecho de toda colectividad de definir de forma soberana sus propios caminos en favor de la seguridad alimentaria, la conservación de la naturaleza y la conservación de su identidad. La soberanía alimentaria se conforma como un derecho que tiene un importante marco normativo en nuestro país. Tanto la Constitución como el Plan Nacional del Buen Vivir la desarrollan, además de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, norma que pretende el ejercicio efectivo de este derecho. En base a estas normas se han creado diferentes políticas públicas, entre las cuales se encuentra el crédito 5-5-5 promovido por el Banco Nacional de Fomento entre los años 2007-2014, con el fin de impulsar a los pequeños y medianos productores agrícolas permitiéndoles a través del crédito adquirir medios de producción y materia prima, buscando además que se conviertan en protagonistas de su propio proceso de cambio al tener la posibilidad de asociarse y producir de manera más eficiente. El nombre del crédito 5-5-5 alude a sus características más importantes: interés del 5%, a 5 años plazo, y la suma máxima de $5000. La creación del crédito 5-5-5, aunque no tuvo un marco normativo diferenciado, encaja directamente en el art. 281 numeral 5 de la Constitución que establece como responsabilidad del Estado crear y fomentar mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores con la finalidad de que adquieran los medios de producción necesarios para su actividad económica. Por lo previamente mencionado he decidido analizar el caso en concreto del crédito 5-5-5; basándome en la hipótesis de que luego de su extinción los sujetos a los que iba dirigida esta política pública vieron desmejorada su situación en cuanto al ejercicio de este derecho, fundamentándome en el principio de no regresividad de derechos.