Resumen:
En nuestra Constitución ecuatoriana del 2008 la resistencia figura como un derecho y garantía social que dentro de la dogmática se complementa con un modelo de estado constitucional de derechos y justicia. Su positivización permite identificar sus elementos de manera que pueda aportar al análisis prescriptivo de un caso en concreto.
En esta investigación se ha tomado el ejemplo de Intag, un valle biodiverso que atraviesa una ruptura social a causa de los intereses de explotación de minerales por parte del estado ecuatoriano, la gente de la comunidad está dividida entre los que apoyan a la minería y los que resisten a este modelo de producción.
Este fenómeno merece dar voz a los propios actores de esta resistencia para tener una mirada de la realidad sobre su pugna continua frente a un modelo impositivo, ajeno a lo que han constituido hasta hoy como sus formas de vida. Partiendo de que la resistencia mantiene una dinámica constante con el poder, es necesario estudiar las relaciones en conflicto entre el estado y la comunidad, por ello se suma un análisis descriptivo del derecho a la resistencia partiendo de los elementos que aporta la teoría del campo jurídico de Bourdieu.
Con esto, lo que se presenta a continuación, es una propuesta de poder relacionar al derecho desde las dinámicas propias de las personas que disputan su poder y desde este punto de vista mirar a la resistencia como una herramienta o garantía para tomar posición en el campo o espacio jurídico para así, buscar reestructurar su sistema, reconocer o reivindicar un derecho y visibilizar a nuevos actores, y también identificar el posicionamiento del estado como poder institucionalizado frente a la resistencia.