Conservación ambiental y defensa territorial es uno de los ejes del Turismo Comunitario (TC) planteado por la Federación Plurinacional del Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), que realizó en 2013 un estudio para hacer el balance entre su discurso y la práctica. Se buscó responder a varias preguntas. ¿En qué medida los proyectos de TC pueden favorecer la conservación ambiental y la defensa de los territorios comunitarios frente a actores externos? ¿En qué medida el TC puede ser considerado como una actividad económica ambientalmente sostenible? ¿Cómo puede aportar al Buen Vivir? La primera parte del estudio presenta 21 casos de redes locales y de proyectos específicos que representan 83 experiencias, con el fin de visibilizar tendencias estadísticas. La segunda parte profundiza seis experiencias ubicadas en la Amazonia, Andes y la Costa que ilustran la diversidad de las situaciones en el Ecuador. Yunguilla es ejemplo de una comunidad que sustituyó la fabricación de carbón y la tala del bosque nublado por el TC. Agua Blanca demuestra que el TC puede ser una solución para que la presencia humana y conservación sean compatibles en zonas protegidas. En la zona de Íntag el TC se constituyó como una herramienta de lucha contra proyectos de minería de cobre a gran escala. Ishkay Yaku ilustra que en la Amazonia, empresas petroleras financian el TC, que sirve entonces sus propios intereses de control territorial. Salango plantea como el TC reforzó la lucha comunitaria contra las contaminaciones ambientales de una fábrica de harina de pescado por un lado; y, por otro lado, contra apropiaciones ilegales de tierras comunales y accesos públicos a playas vírgenes realizadas por una inmobiliaria privada. Isla Corazón muestra que gracias al TC, se pudo evitar la destrucción por empresas camaroneas de uno de los últimos remanentes de manglar del estuario del río Chone, e incidir en la recuperación del ecosistema. El estudio también visibiliza incoherencias entre políticas públicas que buscan convertir al Ecuador en un gran destino turístico, mientras que otras autorizan actividades extractivas de fuerte impacto socio-ambiental, como es el caso con la explotación minera y petrolera, en áreas de alto potencial turístico, donde ya existen iniciativas de TC.