La presión para la explotación de los recursos naturales estratégicos, especialmente en la amazonía ecuatoriana por parte de los gobiernos de turno ha realizado concesiones a empresas particulares para la explotación petrolera afectando territorios indígenas y llevando al empobrecimiento económico, la exclusión social y el aniquilamiento por los impactos socio ambiental de comunidades indígenas, asentadas en las áreas de explotación. El reto actual de las nacionalidades indígenas, consiste entonces en aprovechar al máximo los fundamentos jurídicos existentes, para contribuir a la elaboración de regímenes legales eficaces que permitan un reconocimiento efectivo, y no apenas teórico, de sus derechos y que se traduzca en logros tangibles de seguridad y bienestar para sus comunidades.