De acuerdo con la normativa vigente, la rendición de cuentas es un proceso jurídico obligatorio y ético; mediante el cual quienes, por efecto de la voluntad democrática de la ciudadanía, tomamos decisiones sobre la gestión de lo público, debemos cumplir con el deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados logrados, para que la ciudadanía evalúe nuestra gestión y manejo de recursos y la retroalimente.